¿Cárcel sólo para ex funcionarios?

Todavía desconocemos el alcance y los motivos legales reales de las detenciones de que han sido objeto Luis Armando Díaz, Hector Guadalupe Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno. En lo que la prensa escuetamente ha dado a conocer se hace referencia al delito de incumplimiento de un deber legal, pero aún desconocemos la acusación específica que se hace a cada uno de los inculpados.

Sobre la demanda penal que fue anunciada ya hace meses contra Narciso Agúndez Montaño, desconocemos también el estado que guarda la investigación y el proceso legal correspondiente.

Ambos incidentes involucran a ex funcionarios de primerísimo nivel del gobierno estatal anterior. En el caso del ex gobernador Agúndez el delito parece tratarse de peculado, es decir, el delito que consiste en el hurto de caudales del erario, hecho por aquel en quien está confiada su administración, según define el término la Real Academia Española.

Todavía no se han dado a conocer con precisión los detalles de los montos involucrados con el ilícito supuestamente cometido por Narciso Agúndez Montaño; y los de los recientes detenidos, aún menos los conocemos. Ni siquiera tenemos indicios, tampoco, sobre qué instancia realizó la investigación que arrojó los resultados que animaron a la presente administración a iniciar las averiguaciones previas y a dictar las órdenes de aprehensión.

Si la responsabilidad de los hoy indiciados es probada, y aplicada la sanción correspondiente, se estaría enviando a la ciudadanía una buena señal en el sentido de que los delincuentes de cuello blanco, a veces extendidos profusamente en la administración pública, ya no serán más tolerados. Pero si se estuvieran armando delitos artificialmemente para utilizarlos contra los adversarios políticos sería una de las prácticas más deleznables.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano auditor del Congreso de la Unión, en marzo de este año dio a conocer que de los recursos federales destinados a educación en 2009 al Estado de Baja California Sur, se encontró que fueron manejados irregularmente 1 mil 168 millones de pesos.

No obstante el gran prestigio de la instancia oficial - la ASF- que realizó la auditoría; no obstante el dictamen negativo que ésta otorgó al desempeño de instituciones estatales en el manejo financiero del recurso de origen federal, y no obstante la gigantesca cantidad involucrada en su administración irregular, la cuenta pública de 2009 del Gobierno de Baja California Sur, que fue aprobada por la anterior legislatura, no ha sido sometida a revisión por este nuevo Congreso del Estado.

Omar Castro Cota, Secretario de Educación Pública en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño, declaró públicamente en su momento, que la responsabilidad de rendición de cuentas ante la Federación, del recurso enviado a nuestra entidad como Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), recaía en la Secretaría de Finanzas, a cargo, entonces, de José Antonio Ramírez Gómez, y quien todavía hoy sigue, en este gobierno encabezado por Marcos Covarrubias, con esa misma responsabilidad que también desempeñó con Narciso Agúndez Montaño.

Sería muy temerario de mi parte hablar de peculado en el caso de los extraordinarios recursos que fueron manejados irregularmente en 2009. Pero lo que no puedo evadir es la responsabilidad de decir que dada la investidura de la instancia que realizó la auditoría referida, y dados los desmesurados montos involucrados en la administración irregular, el actual Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, debe ser cesado de su responsabilidad para ser investigado por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio un dictamen negativo.

¿O ya se está acordando con la Federación que las irregularidades sean "solventadas"?