Razones de los profesores para resistir, y las del gobernador para reprimir

Hoy, miércoles 2 de octubre,  hay un llamado a un paro nacional de maestros. En estos momentos desconocemos el éxito que dicho llamado haya podido alcanzar. Los profesores están jugando su última carta a la resistencia civil pacífica. Para ellos no hay mañana. Es ahora o nunca. O logran que la  Ley General del Servicio Profesional Docente  (LGSPD) sea abrogada, o los derechos laborales del gremio de trabajadores más grande de América Latina serán segados de la manera más brutal que se conozca.

La  tan llevada y traída reforma  no tiene una sola tilde relacionada con los asuntos  educativos. En ninguna de sus partes se habla de cambios para mejorar el contenido  o los modelos de enseñanza. Se habla única y exclusivamente de reformas laborales que de una forma clara perjudican amplia y evidentemente al sector magisterial.

Si el gremio de los maestros resulta derrotado y no es posible revertir la aplicación de la  Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), generaciones enteras del magisterio verán mermados sus ingresos, su seguridad en el empleo y su derecho a la libre asociación gremial. No sólo eso. Si el gremio de trabajadores más numeroso de México resulta derrotado, una a una de las organizaciones sindicales del país serán el blanco de nuevas reformas en perjuicio de los trabajadores.

La aplicación de la LGSPD desaparece los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso (Transitorio Octavo); permite la separación inmediata del servidor docente sin que haya la garantía de audiencia prevista en la legislación laboral(Artículo 70); se pierde la posibilidad de acudir a los tribunales laborales cuando se atropellen los derechos de los docentes, pues dichos tribunales son sustituidos por  tribunales administrativos que no tienen nada que ver con los asuntos obrero patronales( Artículo 84); los trabajadores docentes perderán la posibilidad de ser asistidos  por representantes sindicales en sus audiencias  con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y recibirán un trato individual con desconocimiento de su relación colectiva o grupal. 

Los educadores de México -los que llevaron a este país que en 1940 tenía más del 40% de su población analfabeta a este que hoy tiene el 7%- están amenazados.  La suerte  de más de 1 millón 200 mil trabajadores pende de un hilo.

Quien conozca  las razones por las que  los maestros de la SEP se manifiestan, y no se solidarice con ellos ni se indigne porque se pretenda quitarles derechos ya ganados, poco respeto se merece  a sí mismo al preferir alinearse a los deseos de los hombres más poderosos del país que son quienes están promoviendo estas reformas que lleven  a la reducción del gasto público en educación pero a cargo principalmente de los ingresos de los trabajadores del magisterio.

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Si los maestros de BCS guardaban la esperanza de que su gobernador se convirtiera en su principal aliado en esta delicada amenaza contra el sector y sus familias, esa esperanza  hoy  está perdida.  Los acontecimientos del fin de semana muestran por sí mismos la decisión del gobernador de llegar hasta la represión si la oportunidad se le presenta.

Para hacer pública su opción por la represión,  nuestro gobernador ni siquiera tuvo la gentileza de dar a conocer su opinión en una reunión de trabajo con los opositores a la LGSPD, en alguna conferencia de prensa o mediante algún escrito dado a conocer  a través de  los diversos medios de comunicación. No. No utilizó ninguno de estos recursos de advertencia de uso normal entre gobernadores. Prefirió usar un procedimiento vergonzante, más propio de los grupos de delincuentes que de un gobernante en funciones: el secuestro o la retención forzada de un maestro cuyos detalles ya son muy conocidos como para repetirlos de nuevo en este espacio.

 Tal decisión, lejos de mostrar la valentía y la amplitud de criterio de un gobernador que tiene en sus manos grandes  atribuciones y un inmenso poder, ha mostrado a un gobernante de oscilante equilibrio emocional que encara  este  delicado tema más como un asunto de  revancha  personal que como uno institucional.

Pero  todavía no satisfechos con los desatinos cometidos, funcionarios del gobierno del estado, al intentar aclarar que no fue un secuestro el que se cometió contra el maestro que escribió consignas magisteriales con un plumón de agua en cristales de palacio de gobierno, insultan a su propia inteligencia cuando informan oficialmente que lo que se pretendía con la retención forzada del profesor era “orientarlo”.

¿Qué apoyo puede esperar el magisterio sudcaliforniano de los gobernantes que actúan de este modo  y de una clase política que guarda silencio?