Narciso y Marcos: la misma política universitaria

El asunto relacionado con la legitimidad de la rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California Sur revive de nuevo la no olvidada suspicacia popular respecto a si Marcos Covarrubias Villaseñor arribó a la gubernatura por méritos propios o por un acuerdo entre Narciso Agúndez, Jesús Ortega Y Felipe Calderón.

La ilegal reforma a la legislación universitaria que tuvo lugar en el Congreso de Baja California Sur, para que pudiera acceder una persona distinta a Carlos Villavicencio Garayzar a la rectoría de la UABCS, fue, sin duda, una orden de Narciso Agúndez dada a los diputados de la XII Legislatura.

Instancias competentes del poder judicial declararon ilegal las reformas que promovió Narciso Agúndez y que fueron votadas favorablemente por los diputados incondicionales de éste para nombrar un rector distinto al que el órgano universitario facultado para ello había designado.

Una y otra vez, las resoluciones legales han confirmado la razón de los argumentos presentados por Carlos Villavicencio Garayzar. Las resoluciones jurídicas del 24 de enero confirman lo que el académico despojado ha venido sosteniendo desde hace más de un año: que él es el rector legal de la máxima casa de estudios de Baja California Sur.

¿Por cuánto tiempo más las autoridades sudcalifornianas, las que debieran ser ejemplo en el acatamiento de las leyes, continuarán solapando y, tal vez, hasta promoviendo que la ilegalidad continúe privando al interior de la UABCS?

¿A quién beneficia que la Universidad continúe debatiéndose en la incertidumbre jurídica? ¿Qué se obtiene de bueno al evitar que la legalidad vuelva a nuestra universidad?

¿Se pretenderá desde el gobierno, acaso, impacientar a los universitarios que reclaman el reconocimiento de su autoridad legal, para que, irritados, promuevan el tenso ambiente académico que a todos perjudica y que tanto enoja a los sudcalifornianos?

¿Se intentará manipular y provocar a los mismos despojados de la rectoría para que en medio de la desesperación causada por un vergonzoso e inexplicable aplazamiento en la aplicación de la Ley, cometan ellos mismos alguna irregularidad que permita a las autoridades ilegales exhibirlos como violentos?

¿Cuántas resoluciones legales más serán necesarias para que los beneficiarios de esta situación irregular desistan de sostenerla indefinidamente? ¿O ya habrán decidido que ahí permanecerán a menos que sean echados violentamente de ese espacio que ocupan ilegalmente?

¡Qué lamentable que así fuera!