¿Quién gobierna realmente en BCS?

Si en algún momento el olfato político de Marcos Covarrubias pareció tener cierta agudeza fue cuando decidió, sin titubeos, abandonar las filas del PRD para evitar que su candidatura a gobernador fuera desestimada por la ciudadanía si era percibida como una imposición de Narciso Agúndez. Tal decisión se entiende si se recuerda que en octubre, cuando Covarrubias dimitió del PRD, NAM luchaba infructuosamente por mantener a flote un gobierno cuyo prestigio hundía, desde la óptica ciudadana, en las cenagosas aguas de la ineficiencia y la corrupción.

Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones del 6 de febrero empezó a propagarse la creencia popular de que entre el candidato panista y Agúndez Montaño había tenido lugar un acuerdo electoral promovido, o que contó, al menos, con la venia del presidente de la República y la dirigencia nacional del PRD.

Y fue precisamente el discurso de Marcos Covarrubias, como gobernador electo, el que propició, alentó o profundizó la sospecha de que entre los altos mandos del perredismo y el panismo hubo un acuerdo para que la transición del gobierno en BCS fuera a favor de Acción Nacional por intermediación de un candidato prestado por el PRD. En efecto, Covarrubias Villaseñor, después de haber finalizado su campaña electoral con un lenguaje cada vez más crítico contra los gobiernos corruptos, empezó, ya como candidato triunfante, a utilizar un desconcertante discurso que reiteradamente llamaba a la conciliación entre los militantes de los partidos adversarios.

Pero parecía tratarse no sólo del discurso de un candidato ganador que buscaba restañar las heridas en la militancia del partido derrotado electoralmente, sino, más bien, de una estrategia integral que procuraba prolongar hasta el proceso electoral nacional, el de julio de 2012, la alianza entre esos dos partidos con ideologías políticas radicalmente distintas.

Dando seguimiento, quizá, a aquella estrategia de mediano plazo, Covarrubias nombró en los puestos más relevantes de su administración a funcionarios que tuvieron responsabilidades de muy alto nivel en el gobierno de Narciso Agúndez, y quienes, seguramente con la complacencia de éste, habían apoyado abiertamente la candidatura de Covarrubias. Hoy, no hay actores políticos del PRD que desmientan la conducta de NAM -durante el proceso electoral- de no reconvenir a sus funcionarios a causa del abierto apoyo que daban al candidato panista, ya no digamos por ser formalmente perredistas, sino por ser empleados públicos de primer nivel en ejercicio de sus funciones.

El caso más representativo y grotesco es el del ex tesorero de Agúndez. Si hay algún funcionario de NAM cuyo nombre pareciera ser emblema del oportunismo y la corrupción agundista, ése es José Antonio Ramírez Gómez, de quien, cada vez con más insistencia, se dice que es el hombre que verdaderamente manda en el gobierno de BCS, desde la oficina de la Secretaría de Finanzas.

A poco más de 100 días, la permanencia de Ramírez Gómez en el gobierno del “cambio” se ha convertido en un lastre cuyo peso provoca ya, desde ahora, evidentes signos de fatiga prematura y desencanto ciudadano en la administración covarrubista.

Analistas políticos de todo signo, incluso algunos de quienes frecuentemente rondan los pasillos de la Secretaría de Finanzas, se preguntan qué deuda podrá tener Marcos Covarrubias con el tijuanense Ramírez Gómez para que lo sostenga en esa importante responsabilidad a sabiendas del desprestigio que le significa.

Hay quienes suponen que la demanda penal interpuesta contra Narciso Agúndez por el titular de un área menor del gobierno estatal, no es sino un distractor para evitar que las miradas públicas continúen dirigiéndose hacia ese hombre que mandó construir en su oficina una salida trasera que lleva exactamente a la esquina de las calles Allende e Isabel la Católica, y de quien se dice es propietario de un avión que lo transporta ocasionalmente a su residencia en San Diego, California.

Ni siquiera los habituales adversarios políticos del PAN podemos negar que la candidatura de Marcos Covarrubias creó grandes expectativas ciudadanas por un cambio verdadero en la forma de conducir los asuntos públicos en BCS. Pero, también, ni siquiera los más entusiastas partidarios de la candidatura de Marcos se atreven a sostener públicamente que las acciones del nuevo gobierno satisfacen las expectativas que había generado.

Lo más triste de estas circunstancias es que ni los mismos panistas pudieron festejar un triunfo auténtico, pues tan solo un día después de las elecciones empezó a divulgarse como reguero de pólvora la versión del acuerdo tras bambalinas entre los más altos jerarcas del PAN y del PRD. Igualmente triste es el hecho de que los perredistas, a partir de la percepción del acuerdo entre los dos partidos, se mantengan en silencio, sin atreverse a postrarse en público frente al gobierno panista, pero sin atreverse, tampoco, a enfrentarlo o criticarlo como la lógica política pareciera exigir de un partido opositor.

Y lo verdaderamente lamentable es que el conjunto de los sudcalifornianos no podamos identificar qué tipo de gobierno tenemos o, más grave aún, que no podamos saber con certeza, a 100 días de la toma de protesta, quién gobierna realmente en Baja California Sur.