Impuestos y corrupción en BCS

En una entrevista que Marcos Covarrubias concedió al diario Tribuna de Los Cabos, y que éste publicó ayer, 21 de octubre, el "nuevo gobernador" muestra cuál es el alcance de su perspectiva sobre el ejercicio de gobierno. Desafortunadamente, la entrevista nos deja la triste percepción de que nuestro simpático gobernador tiene severas limitaciones en el tema de la administración pública.

Según se publicó en Tribuna, nuestro joven mandatario dijo, respecto a su Iniciativa de Ley de Impuesto Estatal Vehicular, que él hizo la propuesta de cobrar ese gravamen porque "tenemos que ser responsables en este tema". Personalmente, desconozco a qué clase de responsabilidad estaba haciendo referencia el optimista gobernador sudcaliforniano. ¿Se referiría, acaso, a su responsabilidad de recoger los sobrantes de una política fiscal que el gobierno federal estaba abandonando por obsoleta?

Marcos Covarrubias, en la entrevista, dejó en claro que su intención, al cobrar el impuesto que Felipe Calderón está abandonando, no es otra sino la de dar respuesta a una intensa campaña publicitaria que tiene lugar "en los medios (en) que se habla de gobernadores ni nis, (que) ni transparentan ni recaudan". Ésta respuesta parece sugerir que el Ejecutivo sudcaliforniano es muy sensible a los reclamos que los medios de comunicación hacen en asuntos relacionados con la honradez, la transparencia y la recaudación.

Sin embargo, es ampliamente sabido que medios informativos sudcalifornianos dieron a conocer reiteradamente, a fines del gobierno anterior, sus dudas o, tal vez, su certidumbre de que en el área de finanzas del anterior gobierno se estaba haciendo mal uso del erario. También es ampliamente conocido que la mencionada área del gobierno del Estado no fue merecedora de una exhaustiva auditoría por parte de la nueva administración, aunque dicha investigación financiera, desde nuestro punto de vista, era de realización obligada, debido a la notoriedad del apoyo que el titular de la Secretaría de Finanzas brindó al actual gobernador durante su campaña electoral. ¿Qué necesidad había, y hay, de que la honorabilidad del nuevo gobierno fuera manchada por la duda pública desde el inicio mismo de su gestión administrativa? ¿No era más conveniente haber disipado a tiempo cualquier asomo de duda mediante una correcta auditoría a la mencionada instancia de gobierno?

Por lo que toca a la transparencia, es muy oportuno recordar que la actual administración no ha hecho público un solo Balance General, Estado de Resultados ni Estado de Origen y aplicación de Recursos de ningún mes de su ejercicio. Toda la información financiera de esta naturaleza que aparece en el sitio web del Gobierno del Estado no es sino la del ejercicio de Narciso Agúndez.

Por lo que respecta al asunto de la recaudación, sería mucho más conveniente ampliar el número de contribuyentes que verdaderamente pagan los impuestos ya establecidos que revivir una contribución federal ya descompuesta. Para no ir más lejos, ¿ya conocen nuestros funcionarios fiscales la totalidad de quienes deben pagar el impuesto sobre nómina? ¿Ya saben quiénes están eludiendo este pago? ¿Ya establecieron una estrategia para lograr que todos los que deben pagarlo lo hagan?

"Creo que en Baja California Sur tenemos muy clara la película todos los ciudadanos, de que la mejor manera de salir adelante es que todo mundo hagamos un pequeño esfuerzo", dijo el comprometido gobernador comundeño, haciendo referencia a lo que con el nuevo impuesto estatal pagarán los contribuyentes.

Lo que no dijo Covarrubias Villaseñor fue la forma en que el Gobierno del Estado y sus funcionarios harían ese "pequeño esfuerzo" para salir adelante. No hizo mención a ningún recorte de gastos innecesarios en el ejercicio de la administración pública; no hizo mención a una reducción de salarios de sus funcionarios, ni a estrategias para que fondos a los que no se tienen acceso hoy, puedan tenerlo en adelante.

Del mismo modo, el Gobernador Covarrubias omitió hablar sobre la recuperación de fondos que fueron manejados irregularmente por funcionarios de la administración anterior; guardó silencio sobre las elevadísimas sumas de dinero que la Auditoría Superior de la Federación encontró que fueron manejadas en forma irregular, particularmente los fondos de la Secretaría de Educación Pública por 1,168 millones de pesos, en 2009, y de cuya rendición de cuentas el Secretario de Educación Pública de entonces, Omar Castro, se deslindó, señalando en esa responsabilidad a la Secretaría de Finanzas, cuyo titular era, y sigue siendo, José Antonio Ramírez Gómez.

Por cierto, el monto de los recursos destinados a educación que fueron manejados irregularmente en 2009, según la Auditoría Superior de la Federación, es 14 veces mayor a los 80 millones de pesos que se esperan recaudar con el famoso impuesto vehicular.